La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones.

¿Qué factores separan a España de las democracias libres de corrupción?

Evitemos la tentación de decir que la corrupción está en "nuestra cultura", es al contrario,  desarrollan "malas" culturas, donde predomina la desconfianza social, como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.

Evitemos también el impulso legalista, España es uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones.

Los Tribunales de Cuentas de los países nórdicos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar su labor de fiscalización.

Las causas de la corrupción están en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.

Hay soluciones.-

¿Podemos hacer algo para reducir esta politización?. Sí. Por ejemplo, a principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban niveles de politización y corrupción estratosféricos, como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, descendió de forma drástica con la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política, esto fomento, además, la necesidad de acuerdos entre todos.

Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.

Ejemplos.-

Los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.

¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas?. El principal obstáculo es que el debate está atrapado entre dos visiones antagónicas: Por un lado, los partidos políticos, nada más que añadir, y otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que quieren mantener los privilegios laborales.

Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?

Perdón por el ladrillo. Espero que el moderador no me censure por ello.